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Buenos días a todas y a todos, Magistradas, Magistrados, Consejeros de la Judicatura del Estado de Coahuila.
Agradezco la presencia y saludo a nuestro Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Manolo Jiménez Salinas, líder de este estado y gran aliado de la justicia y amigo también de esta ciudad de Torreón que hoy recibe este informe anual que rinde uno de los tres poderes del estado a la ciudadanía. Saludo también a mi amiga la Lic. Luz Elena Morales Núñez, Presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, con quien este año hemos asumido de manera conjunta grandes retos legislativos, y con ella saludo a todas y todos nuestros diputados locales; Al Mgdo. Rafael Guerra Álvarez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, amigo de Coahuila a quien siempre recibimos con mucho gusto porque su presencia es reflejo del impacto que tiene nuestro Estado como referencia de Seguridad y Justicia en nuestro País.
Agradezco de igual manera a mis compañera y compañeros Presidentes de Poderes Judiciales locales: Magistrada Myriam Victoria Hernández Acosta, de Chihuahua, Magistrado Hernán De La Garza Tamez de Tamaulipas, Magistrado Heyden José Cebada Rivas de Quintana Roo, Magistrado Ángel Gerardo Bonilla Saucedo de Durango. Al Alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, hoy anfitrión en nuestra ciudad.
General de División Eufemio Alberto Ibarra, Senador, Diputados Federales, exgobernadores, alcaldes y ex alcaldes de Torreón, de Saltillo y de otros municipios de nuestro estado, secretarias y secretarios de estado, titulares y miembros de organismos públicos autónomos, funcionarios federales, empresarios, presidentes de cámaras, representantes sindicales, miembros de barras, foros y colegios de abogados, rectores y directores de instituciones de educación superior, miembros del observatorio judicial, colectivos, sociedad civil organizada y medios de comunicación, queridos amigos y familia.
Saludo también a quienes por formación y vocación trabajan día a día para impartir justicia en Coahuila, juezas, jueces, secretarios, actuarios, defensores, evaluadoras, mediadores, que nos acompañan aquí o a través de las redes desde los más de veinticinco inmuebles en los cuales estamos en este momento atendiendo a más de mil quinientas personas que acuden diariamente a dar seguimiento a un juicio, por asesoría legal, por una evaluación psicológica, a consultar un expediente, a registrar un título, en fin todas las labores que conforman el servicio de la justica y del que hoy a nombre de toda esta gran institución, doy cuenta.
2024, es un año que quedará marcado como un antes y un después de la impartición de justicia en México. Como nunca la justicia está en el centro del debate público nacional.
En los 200 años de historia de constitucionalismo mexicano no ha existido un proceso de elección por votación abierta para magistrados y jueces locales y federales, así como también ministros de la corte. Existen algunos temas que a lo largo del tiempo han ido y venido en nuestras leyes, por ejemplo, en México entre 1821 y 1929 hubo jurados populares como los que vemos en las películas, pero nunca hubo elección popular de juzgadores.
Hoy, a partir de una reforma constitucional y de todo un debate que se ha hecho en la Cámara de Senadores y de diputados, y posterior ratificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la reforma Judicial es una realidad que Coahuila ha asumido con toda responsabilidad. Una reforma federal que surge lejos de Coahuila y sus necesidades, pero el Gobernador Manolo Jiménez, interpretó buscando la forma de que sea una oportunidad para fortalecer a nuestro estado, y bajo su liderazgo ha convocado a los poderes a estudiar y definir el mejor modelo de homologación de nuestro sistema judicial a este nuevo mandato constitucional que implica de manera irreductible la elección de la totalidad de magistraturas y juzgadores de primera instancia a más tardar en 2027, así como la división de la institución judicial en tres órganos: un tribunal superior de justicia, un tribunal de disciplina y un órgano de administración judicial.
Esta homologación que el Poder Legislativo plasmó en nuestra constitución el pasado 20 de diciembre implica asumir estos mandatos irreductibles, pero a la vez fortaleciendo la institución judicial al privilegiar la profesionalización de la carrera judicial y la autonomía jurisdiccional de las y los juzgadores.
Las instituciones de la justicia han estado históricamente lejanas al debate público, a la agenda política, pero también al conocimiento y confianza de las y los justiciables, dice el Dr. Alberto Binder, un destacado Jurista argentino que estuvo con nuestros jueces en noviembre, que “la justicia es motor de la democracia y no al revés”, es decir, un sistema judicial profesional e independiente pero que a la vez genere confianza y comunique su trascendencia, favorece un estado de derecho donde la democracia como pacto social se vive, y no es forzosamente a través del voto popular que se garantiza esa respuesta de la justicia a las demandas sociales.
Los riesgos son evidentes, juzgadores que en una determinada localidad sean apoyados por intereses particulares a los que comprometan su imparcialidad, o incluso que respondan al crimen organizado. Eso en Coahuila no va a pasar. Todas y todos los aspirantes a un puesto judicial de elección popular contaran con un perfil judicial idóneo certificado por el Instituto de Especialización Judicial que a su vez está respaldado por convenios de colaboración con las Instituciones de Educación Superior más destacadas de nuestro estado en el ámbito jurídico. Y las candidaturas propuestas por los poderes del estado garantizarán la responsabilidad de la institución de mantener esta profesionalidad e independencia en cada uno de los ocho distritos judiciales, para que la elección no sea un concurso de popularidad en un ámbito en el que se debe privilegiar un perfil muy particular:
La centralidad que la justicia tiene hoy en el debate público es la oportunidad para fortalecer esta institución desde su vocación que implica conocimiento del derecho, pero también sensibilidad social, integridad personal, capacidad para escuchar, porque en última instancia los juzgadores somos los gestores de la conflictividad en nuestra sociedad. Cuando hoy la impartición de justicia acapara los titulares en los diarios a nivel nacional debemos ser sensibles a las razones por las cuales se perciben como instituciones que no responden al pueblo pero, al hacer blanco a la justicia de descalificaciones desde el desconocimiento, estaremos hundiendo este espacio en el cual confía más de la mitad de los mexicanos, en campo fértil para el descredito al que hemos llevado la vida pública, donde importa señalar a quien está un cargo y no mostrar las propuestas y el camino para que el poder sirva a la gente.
Pues mientras en los noticieros se ha hablado de los ministros de la suprema corte, de las y los magistrados y jueces federales que actúan en última instancia en la mayoría de los casos, la justicia cotidiana se encuentra en los 32 poderes judiciales locales donde se resuelven el 70 % de los asuntos de las y los justiciables con el 30 % de los recursos.
Y aquí quiero destacar el liderazgo del Magistrado Rafael Guerra Álvarez, Presidente de la Comisión de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, que ha permitido que esta voz de nuestras juezas y jueces que resuelven las problemáticas cotidianas de las personas se ha escuchada por el Congreso de la Unión, la Secretaría de Gobernación y en última instancia la Presidenta de las y los Mexicanos, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.
Porque puede parecer a la distancia que el cargo de juez es un privilegio de unos cuantos, sin embargo, cuando sabemos que en estados de nuestro país hay jueces que deben garantizar la seguridad, la libertad, el patrimonio o el adecuado desarrollo familiar por veinte mil pesos al mes, nos cambia la perspectiva. La vocación de las y los jueces coahuilenses para atender hasta quince audiencias diarias y más de dos mil asuntos anuales y la responsabilidad que tienen para con nuestra sociedad pone en perspectiva que su función social vale más que los menos de cincuenta mil pesos mensuales de su salario.
A estas juezas y jueces le debemos mejores condiciones salariales, que correspondan con la responsabilidad de la sucesión de bienes de un empresario, los alimentos de niñas y niños, que una deuda cubierta que se pretende cobrar por segunda ocasión no ponga en riego un patrimonio familiar, que un trabajador que ingresa por tres meses a una empresa y con argucias demanda a su incipiente patrón no obtenga un beneficio que no le corresponde, que el agresor de una mujer que pretende salir pidiendo las disculpas de su víctima que al final del círculo de violencia acaba perdiendo la vida, eso es lo que día a día se vive aquí en este poder.
Nuestro trabajo cierra la pinza de la seguridad y el empleo, el Gobierno de Coahuila pone ejemplo nacional en paz y certeza jurídica que no solo significa tranquilidad de nuestras familias, sino estabilidad laboral, nuevas inversiones y economía en todas las escalas. Hoy un inversionista coahuilense o extranjero tiene el acceso a un juzgado laboral, mercantil, penal, civil e incluso familiar, con la misma garantía de eficiencia y calidad desde Acuña hasta San Pedro, un trabajador de Monclova o de la Carbonífera puede garantizar sus derechos de la misma manera que uno de Torreón o Saltillo, de Parras a Piedras Negras la seguridad se completa sabiendo que un criminal que llegue ante una jueza o juez Coahuilense tendrá sentencia condenatoria.
No politicemos de más la justicia, si bien pueden existir errores como en cualquier institución humana de la vida pública o privada, la varita mágica no es solo el voto popular, sino formar a las y los mejores para una institución que requiere de estabilidad laboral, de capacitación constante, de innovación digital, de armonización y de monitoreo y evaluación hacia la cantidad y calidad del trabajo judicial.
Desde este contexto, el Poder Judicial de Coahuila en 2024 trabajó todos los días, sin paralizar la justicia y aquí presentamos los resultados de este esfuerzo de 1971 hombres y mujeres.
Justicia Cercana
Uno de los más importantes ejes de nuestro trabajo es nuestra causa en favor de las mujeres, es una política a la que nos ha convocado el señor gobernador y en el que estamos comprometidos para proteger su vida, su libertad, previniendo y atendiendo la violencia de género a fin de erradicarla.
Una sociedad que no puede proteger a sus mujeres se condena a sí misma, y estamos conscientes de que somos responsables en primera línea de erradicar la violencia contra la mujer, materializar la perspectiva de género, fortalecer a otras instituciones y señalar con valentía cuando la ley deba prevalecer por encima de todo. Erradicar la violencia contra la mujer es la causa social más importante de nuestro tiempo. Por eso, reconocemos con aprecio y gratitud la labor que realizan todas las instituciones dedicadas a este propósito.
Gracias al trabajo coordinado con la Fiscalía de Coahuila, el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer y organizaciones de la sociedad civil y a partir de noviembre de la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez creada por iniciativa del Gobernador, diseñamos una herramienta para el registro y monitoreo de las medidas de protección otorgadas a las mujeres víctimas de violencia. Nuestro objetivo es mejorar la atención a las víctimas a través de la coordinación entre las autoridades y reducir el tiempo que toma la recopilación de la información.
Con cada paso que damos avanzamos hacia una sociedad en que la justicia y la igualdad no son simples ideales, sino una realidad para cada mujer, niña, niño y persona vulnerable.
En el Poder Judicial de Coahuila hemos asumido un papel proactivo y comprometido para garantizar que cada persona acceda a la justicia y a la protección que se merece. En este sentido, en colaboración con otras instancias y con el trabajo de las diferentes unidades que integran el Instituto Estatal de Defensoría Pública, trabajamos para acercar los servicios de orientación, asesoría, representación y defensoría a la ciudadanía, para acortar las brechas de desigualdad, de modo que estén en posibilidad de acceder, en condiciones de igualdad material respecto a las demás personas, a una efectiva defensa y acceso a la justicia y protección de sus derechos humanos, consolidando así el Estado de Derecho.
Durante 2024, atendimos a 159 mil 478 personas. De esta manera reafirmamos nuestro compromiso con la justicia social a través del impulso de estrategias y acciones permanentes que buscan acercar la justicia a todas y todos.
Conscientes de que no todas las disputas requieren de una respuesta judicial convencional, también impulsamos la justicia alternativa. Estos mecanismos ofrecen soluciones ágiles y satisfactorias, promoviendo la resolución pacífica de conflictos y el restablecimiento de relaciones entre las partes, sin la necesidad de un proceso largo y desgastante en los juzgados.
La inclusión de alternativas de resolución de conflictos como la mediación y la justicia restaurativa son ejemplos de cómo el Modelo de Justicia de Coahuila ha ido más allá de la simple respuesta punitiva, procurando soluciones que promuevan la restauración del tejido social, por lo que durante 2024 iniciamos dos mil 437 procedimientos de mediación.
Hemos acercado la justicia, pero aun podemos hacerlo más por ello gracias al impulso del Señor Gobernador firmamos el convenio de colaboración con Mejora Coahuila para llevar la asesoría jurídica gratuita y mediación a todos los barrios, colonias y ejidos de Coahuila a través de las brigadas “Mejora Pa´delante”.
Bajo el lema, 2024: Año de la justicia al servicio de las niñas y los niños, los Centros de Evaluación Psicosocial desempeñaron un papel crucial para asegurar el bienestar de las niñas y los niños que se ven inmersos en procesos judiciales, ofreciendo un entorno seguro y supervisado que protege sus derechos, por lo que realizamos 26 mil 111 entrevistas, de las cuales 16 mil 859 fueron realizadas por parte del área de trabajo social y nueve mil 252 por personal de psicología. Asimismo, llevamos a cabo 19 mil 721 visitas domiciliarias para constatar información proporcionada por los justiciables y abonar a la integración de los dictámenes correspondientes.
Además, en coordinación con la Ingeniero Liliana Salinas Valdés, Presidenta Honoraria de DIF Coahuila desarrollamos conversatorios en todos los distritos judiciales entre juezas, jueces y personal de psicología de los CAIF para homologar criterios en la canalización de terapias y convivencias supervisadas.
En este mismo sentido hemos avanzado al establecer procedimientos que faciliten la especialización de juezas y jueces en materia de adopciones, para reducir el tiempo que una niña o un niño debe pasar antes de poder encontrar un hogar que garantice su sano desarrollo integral.
Dentro de una política que busca acercar la justicia a todas y todos, este año de la justicia al servicio de las niñas y los niños, significó la primera edición de “Magistrada y Magistrado por un día”, en la que se seleccionaron a 13 niñas y niños para formar parte del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, y participaran en la sesión de Pleno en las instalaciones del Palacio de Justicia en Saltillo.
De igual manera, anunciamos la apertura de la convocatoria “Justicia para ti, Diseña nuestro personaje”, en la que se eligió un diseño de un personaje o avatar que representará las actividades de la institución dirigidas a las niñas y niños, para promover el conocimiento de derechos y obligaciones, así como la forma en la que son protegidos al ser parte en un juicio ya sea por alimentos, custodia o al ser víctimas de un delito. Justicia de Calidad No solo impartimos justicia, nos convertimos en catalizadores de cambios sociales y culturales, todo ello necesario para alcanzar la efectiva materialización de los derechos humanos. Los expedientes no son únicamente archivos físicos o digitales, sino que representan la vida de las personas. Tenemos la responsabilidad de situar a la sociedad y a sus derechos en el centro de nuestras decisiones, bajo los principios de independencia e imparcialidad.
Cada asunto es, en sí mismo importante, e involucra la tranquilidad, la seguridad, el patrimonio y la familia, por lo que es un reto enorme para las personas impartidoras de justicia, quienes, con vocación de servicio a la sociedad, durante 2024 recibimos 85 mil asuntos nuevos al igual que en 2023, sin embargo, mientras hace un año informamos una carga de trabajo de 273 mil asuntos, hoy podemos decir que hemos resuelto 20 por ciento más de asuntos y atendimos 223 mil 618 asuntos. Para resolver conflictos no siempre más es mejor.
Por segundo año consecutivo llevamos el inventario anual de expedientes en trámite, en el que se realizó una revisión exhaustiva de cada uno de los asuntos físicos con los que cuenta cada juzgado, y se procedió a enviar al archivo provisional y de concentración aquellos expedientes que presentan inactividad procesal o caducidad.
De esta carga procesal, el 37.8 por ciento de ellos es en materia mercantil, el 32.1 en materia familiar, el 16 en materia civil, el 8 en materia hipotecaria, el 2.1 en el juzgado especializado en violencia familiar y el 8.1 por ciento en materia penal, de los cuales la gran mayoría se desahogó mediante el sistema de juicios orales.
También, durante 2024, con la colaboración del Gobierno del Estado, a través de Inspira Coahuila, la Secretaría de Salud, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública continuamos con la capacitación y planeación de los Juzgados Especializados en Salud Mental y Adicciones. Desde un enfoque de justicia restaurativa y justicia terapéutica se busca la reinserción social y familiar de las personas y se prioriza restablecer el tejido social y reparar los daños ocasionados por el delito.
Las y los Magistrados realizan una labor fundamental al resolver los asuntos que en primera instancia presentan una apelación. Se trata de buscar el criterio óptimo para resolver un asunto. En esta segunda instancia, a través de las Sala Civil y Familiar, la Sala Penal y la Sala Regional, así como de cada uno de los cuatro Tribunales Distritales, se atendieron 2,508 asuntos y se concluyeron 1,080, reconozco a mis compañeras y compañeros magistrados por este gran trabajo, y por fortalecer el Estado de Derecho en cada una de sus resoluciones.
De igual manera, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, órgano especializado en la justicia laboral burocrática, atendió́ este año 3,039 asuntos, sumándose desde su autonomía a la política de calidad y eficiencia del Poder Judicial.
El Consejo de la Judicatura es, el órgano colegiado que dirige la administración, vigilancia y disciplina de este poder público para el mejoramiento de la impartición de justicia. A través del mismo expedimos los acuerdos necesarios que nos permiten eficientar los procesos judiciales, y con ello, generar una mayor cercanía entre el Poder Judicial y la ciudadanía, fortaleciendo la independencia, transparencia y calidad del sistema judicial, por lo que durante 2024, emitimos 170 acuerdos en diversos rubros.
Quiero en este momento recordar, a quien fue el Magistrado Representante del Pleno ante el Consejo de la Judicatura y gran aliado en el diseño e impulso de los acuerdos que han ido adaptando la justicia a nuestro tiempo, me refiero al Magistrado Homero Ramos Gloria.
La justicia comienza desde brindar servicios en espacios adecuados y accesibles, hoy todos los distritos judiciales cuentan con inmuebles propios diseñados para su función, ya no hay juzgados en locales comerciales o en casas improvisadas, pero siempre hay espacio de mejora.
Por eso este año en la región centro acondicionaremos un Centro de Justicia Penal adjunto al Centro Penitenciario de Monclova que se encuentra ya en operación. Esto permitirá una coordinación más ágil entre autoridades del Sistema de Justicia Penal con servicio a trece municipios de Coahuila.
Durante este 2024 se continuó con la construcción de la Ciudad Judicial de Saltillo. Al momento se lleva aproximadamente un 75 por ciento de avance, contando ya con la construcción de las áreas donde estarán ubicadas las salas de audiencia, la mayoría de los cubículos internos y el archivo judicial ya cuenta con la estantería en donde se ubicará el archivo de trámite de los juzgados, así como instalaciones hidráulicas, eléctricas, cableado de voz y datos, sistema contra incendios y demás instalaciones básicas que se vienen realizando día con día conforme a calendario.
Justicia Innovadora
La incorporación de la innovación tecnológica en el sistema judicial ha sido un punto crucial en el Modelo de Justicia de Coahuila, lo que nos ha permitido optimizar procesos y acercar nuestro servicio a las y los ciudadanos. Durante este periodo hemos priorizando la innovación y modernización del sistema para hacerlo más efectivo, eficiente y accesible, sin trámites complejos para la resolución rápida de las controversias.
Hoy, todos los asuntos que se resuelven en los juzgados de primera instancia, pueden promoverse en línea desde cualquier dispositivo móvil gracias a la renovación de Poder en Línea. Con la creación de una app para celulares que concentra el buzón electrónico, el expediente virtual, sistema de citas, boletas de gestión actuarial y notificaciones de sus asuntos en trámite. Tan solo durante 2024, recibimos 488 mil 431 demandas iniciales o promociones provenientes de los ocho distritos judiciales, se agendaron seis mil 370 citas; se autorizaron 31 mil 540 expedientes para su consulta, lo que significó que las y los litigantes no tuvieran necesidad de acudir a las sedes judiciales.
En el periodo que se informa, a través de los sistemas de gestión implementados en los órganos jurisdiccionales de primera instancia, recibimos 634 mil 698 trámites o documentos y realizamos 701 mil 801 acuerdos. Además, nos encargamos de implementar una nueva plataforma de Sistema de Administración de Justicia (SAJI) en los Distritos Judiciales de Saltillo y Torreón, brindando herramientas especializadas para la gestión de asuntos civiles en materia hipotecaria, optimizando la administración de acuerdos, promociones y resoluciones, mejorando el flujo y la eficiencia de los procesos.
Desarrollamos y capacitamos al personal en el uso del Sistema de Administración de Gestión Actuarial (SAGA), diseñado específicamente para la central de actuarios. Esta herramienta incluye una aplicación móvil que facilita las tareas en campo, mejorando la eficiencia operativa en los Distritos Judiciales de Saltillo y Torreón.
Justicia Profesional
Somos un ente dinámico y comprometido con la excelencia y la mejora continua, por ello, hemos implementado acciones para mejorar la capacitación de nuestro personal, con el firme propósito de acercar la justicia a aquellos que más lo necesiten. Hoy todas y todos los magistrados distritales, jueces, secretarios y actuarios, han aprobado un examen de méritos, muchos de ellos han empezado en la carrera judicial desde taquimecanógrafas o escribientes y han ocupado la titularidad del cargo después de aprobar un examen de conocimientos diseñado y aplicado por la Universidad Iberoamericana, un examen práctico, un examen oral donde han sido evaluados, por abogados litigantes, ciudadanos y académicos y además un examen de aptitudes que nos garantice que cumplen el perfil no solo profesional sino psicológico y personal.
Pero la sociedad y el derecho están en constante cambio, por ello a través del Instituto de Especialización Judicial realizamos acciones significativas para la profesionalización con el desarrollo de 31 actividades académicas entre cursos, talleres, diplomados y conferencias, en las que participaron mil 783 personas.
En este marco, llevamos a cabo el Diplomado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en alianza estratégica con la Universidad La Salle campus Saltillo, en la que participaron 46 operadores del Sistema Acusatorio y Oral, para que de esta forma proporcionen una atención integral, diferenciada y especializada a las y los adolescentes en conflicto con la ley.
Asimismo, con el impulso de la Presidenta de la Sala Penal, Gricelda Elizalde impartimos capacitación a juezas y jueces en la materia penal, en la que se analizaron diversos temas como la valoración de la prueba, prueba ilícita, principio de congruencia, exclusión probatoria e incorporación de documentos. De igual manera, realizamos una capacitación en competencias de juicio, con la finalidad de reforzar las aptitudes que las personas operadoras del sistema deben demostrar en audiencia de juicio para el desahogo de una testimonial convincente y profesional.
Además, en coordinación con el Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León, actualizamos al personal de nuestro instituto en temas enfocados en etapa intermedia, etapa de ejecución y sanciones penales.
Y en un trabajo coordinado con el Programa de Capacitación Internacional para la Investigación Criminal, perteneciente al Departamento de Justicia de Estados Unidos, juezas y jueces penales impartieron capacitación a peritos, agentes del Ministerio Público y personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.
En colaboración con el Programa para el Fortalecimiento de Instituciones de Justicia Penal Estatal (ConJusticia) de USAID llevamos a cabo el taller de manejo de audiencias “Lenguaje Ciudadano”, con la finalidad de potenciar las competencias que permiten dirigir audiencias judiciales y emitir resoluciones con lenguaje claro y accesible, la cual fue impartida por el doctor Carlos Núñez Núñez, juez penal y especialista de la Escuela de Formación Judicial de Costa Rica.
La adopción del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es un paso hacia la modernización y transformación de la noción de la justicia civil y familiar, al centrarse en rubros trascendentales como un nuevo modelo de impartición de justicia ágil y expedito, basado primordialmente en la oralidad, un modelo que privilegia la justicia alternativa y digital, y que pondera los derechos humanos.
De igual forma, autoridades jurisdiccionales en materia civil y familiar sostuvieron una reunión con el Magistrado Eliseo Juan Hernández, Secretario Técnico de la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar (COCIFAM), donde se abordaron diversos temas concernientes al conocimiento, habilidades, destrezas, valores y aptitudes en la implementación de la reforma al Sistema de Justicia Civil y Familiar.
En este sentido, mediante la Comisión de implementación en la cual participan el Magistrado Presidente de la Sala Civil y Familiar durante 2024, Cesar Saucedo y el Magistrado Presidente de la Sala Regional, Ulises Hernández Torres y el Instituto de Especialización Judicial, hemos comenzado a implementar las acciones necesarias para asegurar la correcta aplicación del Código, con el desarrollo de un programa académico para capacitar a operadores del sistema civil y familiar, fortalecer sus habilidades y proporcionar herramientas adicionales en relación con la nueva legislación.
Así, llevamos a cabo el Diplomado del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en las que participaron 324 personas del Poder Judicial y 401 profesionales del derecho externos a esta institución. Y actualmente, estamos capacitando a más personas operadoras del sistema con la segunda convocatoria abierta con más de 400 participantes.
Finalmente, como parte de las acciones de planeación e implementación de un nuevo modelo de gestión judicial, se llevó a cabo la conferencia “El rol del juzgador en la sociedad contemporánea”, impartida por el doctor Alberto Binder, Presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (INECIP), con el objetivo de sensibilizar sobre la independencia judicial, la confianza ciudadana y los retos de la administración de justicia de calidad en la sociedad democrática, en el contexto de la Reforma Judicial en México.
Justicia Eficiente
Una de las relaciones más significativas en este intercambio de ideas y responsabilidades, se dio dentro de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB) donde participamos en asuntos de gran interés y beneficio colectivo, y en 2024 tuvimos el honor y privilegio de volver a ser anfitriones de una Asamblea Plenaria Ordinaria presidida por el Gobernador, en la que discutimos temas relacionados con el Fondo Nacional de Fortalecimiento de la Justicia Local, la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.
Con orgullo represento a Coahuila como titular de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género de la organización, y en el ámbito de esta comisión, junto a INMUJERES, presentamos la Guía para dictar y dar seguimiento a las órdenes de protección de las mujeres que sufren violencia, esta herramienta jurídica permitirá a las autoridades a cargo tengan en claro cuáles son las responsabilidades y obligaciones a partir de que tienen conocimiento de que una mujer está en riesgo. Garantizando así una estructura que responde de forma coordinada, para la tramitación, cumplimiento, control y seguimiento de estas ordenes.
Esta visión tuvimos oportunidad de enriquecerla en el Tercer Intercambio de Experiencias de las Unidades de Género, en diceimbre pasado, que en coordinación con el Poder Judicial del Estado de México llevamos a cabo.
Con la Red Nacional de Archivos Judiciales de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) colocamos el tema de los Archivos Judiciales en la agenda de todos los tribunales en el Segundo Encuentro que se llevó a cabo en la capital del Estado.
La modernización de la infraestructura y el rediseño de espacios es indispensable para la nueva época de la oralidad y la justicia digital. Y Coahuila ha demostrado ser referente al generar herramientas digitales con un alto impacto social, por esa razón en el mes de junio se desarrolló el Encuentro Nacional de Unidades de Gestión Tecnológica, en el que destacamos las implicaciones y retos en la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ciberseguridad; innovaciones tecnológicas como la inteligencia artificial, así como la estandarización de datos para el intercambio de información entre los poderes judiciales del país.
Señor Gobernador, el año 2024, gracias a su propuesta aprobada por el Congreso del Estado, este poder ejerció un presupuesto histórico superior a los 1,300 millones de pesos, destinado a cubrir las necesidades operativas, administrativas y de infraestructura del Poder Judicial, gracias a ello tenemos al 100 % la plantilla laboral de los juzgados laborales instalados en 2022, ampliamos en un 25 % la plantilla del Centro de Evaluación Psicosocial, reforzamos los juzgados donde existían vacantes sin cubrir lo cual se ha visto reflejado en el desahogo histórico de la carga de trabajo que hemos informado.
Justicia Abierta
La participación social en el diseño de las políticas públicas de cualquier institución es fundamental, por eso nos dimos a la tarea de renovar el Consejo Técnico Estatal del Observatorio Judicial, para impulsar la participación de los diferentes sectores en la evaluación y mejora de la administración de justicia que coadyuve a responder correctamente a las exigencias de la ciudadanía e incrementar la confianza pública.
Con el observatorio, durante este año, fomentamos espacio para la participación ciudadana mediante una encuesta de satisfacción, dirigida a las personas usuarias de los servicios de este poder, y evaluar el desempeño del sistema judicial.
Emitimos el Código de Ética y Conducta, que establece principios de imparcialidad, transparencia y honestidad, y que firmamos el 100 por ciento de las personas que integramos este Poder como compromiso de actuar con apego a los principios y normas que dicta; esta carta compromiso de cumplimiento es ahora un requisito previo a la incorporación.
Además, acercamos la justicia a la sociedad y transparentamos nuestras decisiones mediante la figura de observadores ciudadanos, quienes presenciaron 263 audiencias. Sentamos las bases de la transformación de la justicia en Coahuila durante las siguientes décadas. El Sistema de Justicia Penal en Coahuila, es reflejo de coordinación y corresponsabilidad entre los poderes y organismos del Estado, es por iniciativa del líder de este estado, el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, que cada semana y en todas las regiones, participamos en las mesas de Seguridad con la presencia siempre activa de Ejército mexicano, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y todas las instituciones que forman parte de un engranaje que año con año avanza en la agilización, de procesos y reducción de impunidad, colocando a Coahuila por segundo año consecutivo como el segundo mejor sistema de justicia Penal en México, según México Evalúa.
Esta misma organización hoy realiza un diagnóstico nacional sobre la implementación de la Reforma Judicial y ha destacado el modelo de homologación impulsado en aquí en nuestro estado y el cual he expuesto, que favorece la profesionalización y carrera judicial.
También, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en el rubro de Estado de Derecho, destaca a Coahuila en el primer lugar de los 32 estados, un logro gracias a la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y los poderes públicos.
Y siguiendo los buenos resultados, el estado de Coahuila se encuentra entre las diez entidades con mayor adhesión al Estado de Derecho, según el índice que realiza World Justice Project. Esta institución internacional evalúa al Poder Judicial de Coahuila como el número 1 de entre 233 instituciones en la Métrica de Justicia Abierta, que evalúa la transparencia y participación ciudadana.
Todo lo anterior se ha visto reflejado, asegura el INEGI, en que nuestras juezas y jueces sean los más confiables del país con 70 por ciento, por encima de la media nacional.
Amigas y amigos, hoy la justicia en Coahuila afronta con fortaleza y solidez los retos que nos planteará la primera elección judicial en 200 años de historia como estado.
En un ejercicio sin precedentes el Gobernador ha convocado a los tres poderes y hemos coordinado un proceso de registro y selección de aspirantes con Comités de Evaluación ciudadanos, con criterios compartidos de que perfil de funcionarios queremos que conforme este nuevo poder judicial.
Esta será la última vez que el Poder Judicial presente un informe con estas características, con un presidente del Tribunal Superior de Justicia, que lo es a su vez del Consejo de la Judicatura. A partir de agosto, el Poder Judicial de Coahuila asumirá una nueva composición.
Actualmente, el Poder Judicial está compuesto por el Tribunal Superior de Justicia, que cuenta con 16 magistrados; el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con 3 magistrados; 4 magistrados distritales, y el Consejo de la Judicatura, que tiene atribuciones tanto administrativas como disciplinarias, y está formado por 5 consejeros. A partir de la reforma, el Tribunal Superior de Justicia estará integrado por 13 magistrados: 12 que conformarán las salas y un presidente del Tribunal. Además, se creará el Tribunal de Disciplina Judicial, que estará compuesto por 3 magistrados encargados de resolver los asuntos relacionados con la el correcto actuar de las y los funcionarios.
Se mantendrán los 4 magistrados distritales, que estarán distribuidos en las ciudades de Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras. Asimismo, se establecerá un nuevo Órgano de Administración, integrado por 5 miembros: uno del Ejecutivo, uno del Legislativo y tres del Judicial. Toda esta homologación se hará sin generar mayor gasto público.
El primero de Junio las y los coahuilenses elegirán por primera vez a magistraturas y personas juzgadoras, sin embargo, hoy podemos tener la certeza que el camino construido en coordinación con las instituciones del estado y la sociedad seguirá avanzando hacia una justicia cercana, profesional, eficiente, de calidad, innovadora, transparente y abierta.
Vamos a salir fortalecidos porque hay carrera judicial, porque hay autonomía, porque la correspondencia entre poderes permite que en cada materia todos los intervinientes hagan su parte. Esto nos permite tener la confianza en que quienes resulten electos en este proceso privilegiaran la naturaleza y responsabilidad de esta institución. El poder judicial continuará contribuyendo a la economía, a la paz social, a la resolución de conflictos, a la certeza jurídica. En Coahuila se seguirá construyendo la justicia con la sociedad, seguiremos construyendo ¡La Justicia Contigo!
Muchas gracias.
