Muy buenas tardes diputadas, diputados.
Muy especialmente al diputado Moreira, un gusto señor exgobernador.
Señor senador.
Señores notarios.
Queridas presidentas y presidentes de los Poderes locales.
A todas las personas que nos siguen estos foros de Justicia Cotidiana, así como a todos los involucrados en el tema que hoy nos convoca, que es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Antes de abordar dos puntos que me parecen fundamentales a considerar en este nuevo Código, permítanme destacar, como lo hice esta mañana en el Senado de la República, la labor que los Poderes Judiciales locales tenemos para la gobernabilidad y la paz social de nuestro país, y en particular para la justicia cotidiana que se resuelve con los temas de familia, el patrimonio, el trabajo, la seguridad y la libertad de las y los mexicanos.
Nuestros tribunales atienden más de tres millones de asuntos judiciales anualmente, lo cual significa tres veces más de lo que atiende el Poder Judicial federal.
Toda esta labor a su vez, la realizamos tan solo con prácticamente la mitad del presupuesto del Poder Judicial. Si sumamos todos los presupuestos de los Poderes Judiciales locales hay una suma de 48 mil millones de pesos versus el Poder Judicial federal serían 70 mil millones de pesos.
La justicia local, como decía la diputada, es la más cercana a la gente, a los problemas de las mexicanas y los mexicanos, y por ello es de la más alta relevancia e importancia.
Es así como lo hemos asumido al recibir nuevas competencias que antes correspondían a la federación, sin recibir recursos, usted lo comentaba compañero diputado Moreira, y que han surgido tanto de la Cámara de Diputados o del Senado, como ha sido la competencia concurrente en materia mercantil; la reforma en justicia laboral que vamos a implementar a partir del 3 de octubre en el caso de Coahuila; el narcomenudeo, las medidas de protección a las mujeres en la Ley General.
Las obligaciones de la Ley General de Archivos y algunas otras que indirectamente tenemos que auxiliar en los temas que se nos presentan en cada una de las localidades de nuestros estados.
De ahí que yo quisiera, no es el foro ni el motivo de este foro, pero sí quisiera aprovechando la vuelta, señor presidente, decir que en la CONATRIB hay unidad, y entonces propusimos en Jalisco la creación de un Fondo Nacional para el Fortalecimiento de los Poderes Judiciales, luego se rectificó el Puebla, con Héctor.
Posteriormente en Chiapas todos los compañeros, presidentas y presidentes aprobamos que un despacho pudiera analizar, entonces cuál sería la fórmula que quisiéramos presentarles posteriormente en una reunión para crear por primera vez en la historia de este país un Fondo Nacional para el Fortalecimiento de la Impartición de Justicia, que vayan directamente a presupuestos que ayuden a los estados a cambiar las computadoras, a poder abrir nuevos edificios, a tener edificios más dignos, a cambiar el mobiliario, a cambiar, en fin, a mejorar cada uno de los aspectos de la infraestructura y en todos los sentidos igual de la capacitación de los Poderes Judiciales.
Sin embargo, esta función implica la aplicación de leyes que a partir del 2017 ya no corresponde legislar a las entidades, y sin ahondar en los motivos de esa reforma, el tema que nos ocupa, como decía, es que a casi 5 años de la misma, nuestros códigos civiles y familiares empiezan a quedar obsoletos y es imperiosa la necesidad de contar con un Código Nacional que responda además a las demandas de nuestro tiempo, considerando que la Suprema Corte ya se posicionó respecto a esta imposibilidad de que las legislaturas locales y precisamente por una reforma necesaria promovida por el Congreso de Coahuila, usted se acordará.
Haciendo una breve recapitulación, el plazo que fijaron los legisladores en la reforma del artículo 73 para la emisión de los códigos nacionales, fue como sabemos todos, de 180 días. Antes de cumplirse ese plazo, la Legislatura de Coahuila aprueba reformas que se consideran necesarias para los procedimientos civiles y familiares, involucraban incluso a los notarios públicos.
Dos años después de esa reforma y habiendo ya vencido el mencionado plazo legislativo, viene la resolución de la Suprema Corte en la acción inconstitucional (…) 144/2017, promovida por la Procuraduría General de la República, demandando la invalidez de diversas disposiciones de los Códigos Procesal Civil y Procedimientos Familiares, ambos del estado de Coahuila de Zaragoza, publicados en el Periódico Oficial de nuestra entidad el 22 de septiembre del 2017. Usted era gobernador.
Aquí el contexto y la urgencia de trabajar juntos en una nueva codificación, y en este sentido me permito señalar dos aspectos particulares que desde la experiencia de Coahuila requiere contemplar el nuevo Código Nacional.
En primer lugar, como he señalado, el presidente Guerra a través de los puntos que posicionó en su conferencia magistral, resulta indispensable que este Código posibilite de manera amplia la aplicación de una justicia digital que haga más accesible a las y los ciudadanos la impartición de justicia.
Como lo hemos hecho en Coahuila y en algunas otras entidades con resultados de eficacia, eficiencia y agilidad en los procedimientos judiciales derivados incluso de la pandemia.
En el Siglo XXI, las herramientas como las audiencias con la videoconferencia, los expedientes virtuales, los buzones electrónicos, son indispensables para una justicia acorde a las problemáticas de nuestro tiempo.
Es increíble que todavía nos mandemos exhortos entre nosotros, entre los estados, y que al no poder lograr la notificación lo regrese yo a Chiapas o a Campeche, y otra vez vuelven. Eso ya no puede suceder.
En segundo lugar, llamaría la atención sobre un asunto fundamental para la seguridad de las mujeres, sus hijas e hijos, que en este nuevo Código nos da una oportunidad única para legislar de manera que la justicia sea realmente accesible para ellas.
Ya lo comentaba el presidente de Baja California, porque la violencia familiar y la violencia contra las mujeres es el segundo principal delito atendido por los tribunales locales y la justicia para ellas es la principal demanda social de nuestro país.
Las mujeres han enfrentado históricamente una revictimización por la doble vía que significa buscar justicia en la materia penal para garantizar la seguridad, y luego ir con el juez familiar para garantizar los alimentos y la custodia.
El estado de Coahuila ha atendido este tema con los juzgados especializados en violencia familiar contra las mujeres, por un lado, dotando de competencia mixta y aprovechando también la figura del juicio especial de violencia familiar que prevé el Código local.
Entonces nosotros nos agarramos de ahí, y solamente reformamos la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Coahuila.
Y en este sentido, exhortó respetuosamente a esta Legislatura y a todos quienes vamos a participar en la discusión de este Código, sobre la imperiosa necesidad de que la legislación federal incorpore una figura de un juicio especial que permita la competencia mixta a las y los juzgadores, para garantizar a las mujeres tres temas:
La seguridad de ellas y de sus hijos. Dos, la custodia provisional. Y tres, los alimentos provisionales.
Estas y otras buenas prácticas de cada estado deben considerarse en esta discusión que hoy comienza y que agradecemos completamente, y la cual estaremos pues velando principalmente por los justiciables, que podrán contar con una normatividad innovadora y adecuada a nuestra realidad.
Reiteró, en la CONATRIB hay unidad, voluntad y capacidad jurídica.
Gracias a las diputadas y diputados, a los senadores. Celebramos la unidad de propósito de ambas Cámaras y que con ello nos convoquen.
Muchas gracias.
