Esto Gracias al convenio firmado hoy por el Tribunal Superior de Justicia y el Instituto Electoral de Coahuila. El convenio que hace realidad la declaración 3 de 3 en materia de violencia de género fue firmado en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación donde Olga Sánchez Cordero, titular de esa dependencia fue testigo de honor.
El convenio firmado por el Magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura y Gabriela de León Farías, Consejera Presidenta del IEC, sienta las bases para la implementación de los “Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género”, en lo relativo a la llamada 3 de 3 contra la violencia, de forma que se establezca un mecanismo que posibilite garantizar a la ciudadanía coahuilense que las personas que se pretendan postular por algún cargo de elección popular, no hayan incurrido en actos u omisiones que violenten o afecten negativamente a una mujer a partir de su género.
El Instituto Electoral de Coahuila promoverá en el proceso electoral local del presente año la adhesión voluntaria de candidatos a esta iniciativa para que soliciten la constancia ante el Poder Judicial, quien tras revisar en los sistemas de información correspondiente, podrá emitir las constancias que acrediten que no hay a su nombre sentencia ejecutoriada: Por violencia política contra las mujeres en razón de género. Por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público. Por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. Por estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Moros (REDAM).
Esta iniciativa se inscribe en las políticas públicas que han impulsado los tres poderes en Coahuila en coordinación con los Organismos Autónomos por prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia la mujer. En el Acto el Magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, Presidente del Poder Judicial, destacó que el Poder Judicial está listo para asumir la responsabilidad de informar desde su quehacer jurisdiccional, si algún candidato cuenta con registro por alguna de las faltas antes mencionadas, y que de esta manera se fortalece la calidad de la democracia en Coahuila, ya que los ciudadanos pueden tener mayores certezas sobre el comportamiento de sus candidatos.
Por su parte la Consejera Presidenta del IEC agradeció el acompañamiento de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México, por dar las directrices para que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, actúen con perspectiva de género. También reconoció el respaldo del Gobierno del Estado de Coahuila, que ha generado espacios seguros para que las mujeres participen cada vez más en la toma de decisiones públicas.
En su participación la Secretaria Olga Sánchez Cordero felicitó a Coahuila por ser la primera entidad en impulsar una estrategia con estas características, destacando que “el respeto irrestricto al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia es una condición necesaria para ser un representante popular, más en este año en donde se renovarán 15 gubernaturas, las representaciones en la Cámara de Diputados. Se trata desde luego del mayor proceso electoral de la historia de nuestro país. Son 21 mil cargos de elección popular”.
En el evento también estuvieron presentes la directora de Seguimiento a la Política Nacional para Combatir la Violencia contra las Mujeres, Enna Paloma Ayala Sierra, en representación de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman Zylbermann, la titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, Paulina Téllez Martínez, así como el consejero del Instituto Electoral de Coahuila, Gustavo Espinosa Padrón y el oficial mayor del Poder Judicial del Estado de Coahuila, José Manuel Gil Navarro.
Con la firma de este convenio el Instituto Electoral de Coahuila y el Poder Judicial de Coahuila fortalecen el andamiaje de un estado democrático y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
