PRESENTACIÓN
En nuestro país, existe un compromiso por la defensa y promoción del Derecho a la igualdad y no discriminación. En el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece lo siguiente: “todas las personas gozarán de los Derechos Humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, […]. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
La reforma constitucional realizada en nuestro país en el año 2011, es un parteaguas para la defensa, promoción y respeto de los Derechos Humanos reconociendo la necesidad de garantizarlos y hacerlos efectivos para toda la población, siguiendo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Bajo este contexto, es que necesitamos juzgadores que puedan aplicar un enfoque diferencial que según la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, contempla dos significados desde la perspectiva de análisis que emplea una visión de la realidad, que pretende hacer visible cualquier forma de discriminación contra grupos de personas consideradas como diferentes. El segundo aspecto es visto como guía de acción que considera el resultado del análisis para brindar adecuada atención y protección de los derechos de las personas. (Naciones Unidas Derechos Humanos, 2019).
El presente protocolo busca contribuir, particularmente, a la visibilización de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género, como sujetas de derechos, reconociendo en ellas condiciones de particular vulnerabilidad debido a la discriminación que enfrentan por estas razones.
Durante el periodo de 2018 a 2022, en México fueron asesinadas 453 personas por motivos relacionados a la orientación sexual, identidad y expresión de género, de acuerdo a las cifras presentadas por la organización civil Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana, AC. Bajo este contexto es que diariamente se encuentran en situaciones de discriminación y violencia y en algunas ocasiones sucede en lugares en donde se supone deberían estar a salvo, tales como en sus hogares, en el trabajo, en los espacios públicos, la calle, escuelas; es decir, estas violencias suceden indistintamente tanto en el ámbito público como en el privado.
De esta manera sentamos las bases en el protocolo para que nuestros servidores públicos cuenten con herramientas para atender y proteger a las personas sin discriminar por su orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género en todo el entorno de acceso a la justicia.